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Se llama Pedro Hernández, tiene 27 años y lleva desde 2009 en el paro. Ya no cobra subsidio ni prestación alguna y no sabe cuándo volverá a trabajar. Por todo ello era un indignado pero activo, de los que iban a las protestas con un megáfono en mano pero sin ánimos violentos. Por esopedía permisos a la Subdelegación del Gobierno, según dice.
Ahora, Pedro Hernández acaba de recibir una multa de 600 euros por utilizar el altavoz en las concentraciones del 15M en Castellón, en una céntrica plaza denominada María Agustina, y no puede pagarla. No porque no quiera, sino porque no puede, ya que no tiene empleo. "Si quieren que pague, que me den un trabajo. Ojalá me pudieran embargar, porque eso significaría que tengo algo", lamenta.
Pedro Hernández insiste en que, días antes de la protesta en la que empleó el megáfono y fue sancionado, acudió a la Subdelegación a cursar la autorización. Dice que la conserva todavía con el permiso expreso para poder emplear el megáfono que un agente de la Policía Nacional consideró como un comportamiento de "escándalo público. Por eso me multaron".
También insiste el joven parado de Castellón en que alegó ante el Policía que disponía de la autorización e incluso se la mostró, pero que ni siquiera eso le libró de la multa. "Hasta fui dentro de la Subdelegación para que me confirmaran que podía usar el altavoz y me dijeron que sí lo podía gastar. Pues a pesar de todo eso ahora tengo 600 euros de multa", indica.
Pedro Hernández no sabe qué hacer porque no puede ni "pagar a un abogado". Cuando acudió a la Ciudad de la Justicia para obtener más información "nadie sabía nada del tema, pero la carta me ha llegado", dice mientras espera pronto cumplir su deseo de "ponerme a trabajar".
