Ante los últimos recortes sanitarios llevados a cabo por el actual gobierno de la Generalitat de Catalunya, y frente a las voces que reclaman una disminución de servicios públicos en el resto del territorio e insinúan un nuevo tipo de financiación relacionada con el copago, debemos alzar nuestra voz y las más enérgica indignación en defensa de uno de los pilares esenciales de la sociedad del bienestar: nuestro sistema de sanidad público.

De la misma forma, se hace necesario desmentir ciertos mitos que acompañan a nuestra sociedad en los últimos tiempos sobre los usos que se hace de dicho sistema. Erróneamente, suele pensarse que el posible colapso de nuestro sistema de sanidad público se debe a la población inmigrante. Esta información, cabe señalar, es expuesta  de manera interesada por un sector deseoso de la privatización, y que reclama, cobijado bajo su inmenso poder económico y político, el final de las conquistas sociales alcanzadas gracias al esfuerzo de las clases populares.

Desmintiendo el supuesto excesivo gasto público en sanidad

Suele pensarse, otra vez de manera equivocada, que existe un excesivo gasto en sanidad pública, cuando realmente el estado español es el que menos invierte dentro de los países de la UE-15 (número de países de la Unión Europea con semejante desarrollo al nuestro).

El grave problema que acarrea el sistema sanitario público español es la baja inversión económica que recibe debido a los bajos ingresos del estado. Estos ingresos son solamente del 34% del PIB, respecto al 44% de la UE- 15. Esto es debido a la regresividad del régimen fiscal sobre los más ricos.

Lo que el sistema sanitario requiere son más (y no menos) fondos económicos, a la vez que se corrigen errores internos como la falta de personal (sólo el 4,1% de la población adulta trabaja en la sanidad española), y así reducir, por ejemplo, las listas de espera (uno de los grandes problemas de la sanidad). Si nuestro estado (central y autonómico) tuviera las mismas políticas fiscales que Suecia, el estado español ingresaría 200.000 millones de euros más de lo que ingresa ahora. Si esto no se lleva a cabo es por el dominio que ejercen las fuerzas conservadoras y neoliberales. No es casualidad, por lo tanto, que las voces que abogan por una privatización de la sanidad apoyen la reducción del gasto público y pidan una desgravación para los seguros privados.

Sobre el copago sanitario

Existe una percepción generalizada en algunos sectores políticos y económicos del país de que la población está abusando del sistema sanitario. Con frecuencia se utiliza como indicador de tal abuso el hecho real de que el número promedio de visitas por habitante en España es el más alto de la UE-15. El problema es que este dato, aunque real, se basa en una percepción errónea. Una vez analizadas estas visitas se comprueba que el 25% corresponden a necesidades administrativas (como la firma del médico para otros trámites médicos). En otros países, es el personal administrativo el que se encarga de tales labores.

Así, los sectores favorables a la privatización pretenden convencer al usuario de que el copago permitirá subsanar los déficits de la sanidad pública, pero este ejemplo muestra claramente que realmente que no se presta atención al verdadero problema: La escasa carga impositiva de las rentas más altas, que provoca la falta de recursos del sistema sanitario.

Una sanidad pública de calidad para todas y todos

Llegados a este punto, desde Izquierda Anticapitalista realizamos un profundo análisis para desmentir la opinión interesada que acusa a la población inmigrante de acaparar y expulsar a la población autóctona de la sanidad pública.

Solamente el 5% del gasto sanitario es absorbido por la inmigración. Según un informe de la Caixa, los inmigrantes consultan un 7% menos al médico de cabecera y un 16% menos al especialista. Es cierto que recurren un 3,5% más al servicio de urgencias, pero esto se debe más a la dificultad que encuentran a la hora de estabilizar su situación que a un abuso real de estos servicios.

La alta actividad de los inmigrantes contribuye, no solamente a frenar el envejecimiento de la población, sino también a frenar el colapso de las pensiones, contrariamente a lo que dice la derecha populista y xenófoba, que se encarga de ser el vocero de los grandes poderes económicos y de dividir a la clase trabajadora.
Los inmigrantes no son competidores a la hora de utilizar los recursos sociales con que el sistema de la Seguridad Social cuenta. Debemos, por el contrario, aprender a ser conscientes que el déficit con el que pueda contar la sanidad pública española se debe a la escasa contribución de las rentas más altas. Por ello se hace necesario reclamar una sanidad pública de calidad para todas y todos.

Nuevo Hospital de Burgos S.A, un engendro con problemas financieros

La plasmación práctica del acoso y los problemas que está padeciendo nuestro sistema sanitario la podemos ver claramente en nuestro esperado Nuevo Hospital, que continúa con un enorme retraso en la entrega (prevista para finales de 2011). Además, existen problemas importantes por acabar y resolver. Así, aunque es cierto que la obra civil está casi acabada, pero todavía la UTE (Unión Temporal de Empresas) que la ha construido y financiado no ha obtenido el Certificado de Fin de Obra, sin el cual no es posible la inauguración y puesta en marcha del nuevo hospital.

Como ya hemos advertido antes (http://www.anticapitalistascyl.org/index.php/burgos/actualidad/377-nuevo-hospital-de-burgos-sa-la-gran-estafa), el modelo elegido para construir y gestionar este hospital es el Sistema de Gestión Hospitalaría, P.F.I (por sus siglas en inglés). Este sistema supone de facto la privatización encubierta, lo que conllevará que el objetivo final no será ofrecer un servicio público de calidad, sino la obtención del máximo beneficio posible.

Según la propaganda oficial, va a ser un hospital puntero e innovador, pero a día de hoy varias de las empresas que lo han equipado tienen deudas pendientes de cobro (por falta de liquidez de la UTE), y varias de ellas han retirado equipos y aparatos.

Tienen prisa por completar el traslado pero quedan todavía numerosos remates de fin de obra que acabar y solventar.
Aseguran también que se mantendrá el empleo público, pero dentro de los 14 servicios privatizados (limpieza, informática, mantenimiento, cocina, archivos…) hay más de 360 trabajadores afectados directamente (y otros 150 indirectamente) que van a perder su condición de empleados públicos y verán mermados sus derechos laborales. Y no nos engañemos: todo el personal, sanitario y no sanitario, sufrirá las consecuencias de la privatización, lo que afectará, por supuesto, a la calidad del servicio público sanitario.

¡Rescate público del Nuevo Hospital de Burgos ya!

¡Sanidad y empleo público ya!